Derecho a la Salud y el suministro de medicamentos

En nuestro estado de Derecho Mexicano al amparo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano todos los individuos tienen derecho a la protección de la salud física y mental. El Estado está obligado a prestar los servicios de salud mental de manera integral y, específicamente, al suministro de medicamentos básicos necesarios para su tratamiento.

Lo anterior tiene sustento en los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 12, numeral 2, inciso d), del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, preceptos de Ley, de los cuales se desprende que el Estado mexicano se encuentra obligado a crear las condiciones que aseguren a todas las personas la asistencia médica y servicios médicos en casos de enfermedad.

El suministro de medicamentos

En este orden de ideas, se advierte que una cuestión fundamental e inherente a la debida protección del derecho a la salud es, el que los servicios se presten de manera integral, lo que implica que se debe proporcionar un tratamiento adecuado y completo. En este sentido, la debida protección del derecho a la salud incluye, cuando menos, el suministro de medicamentos básicos.

En relación con los más altos estándares internacionales, se advierte que la obligación progresiva del derecho a la salud relativa al suministro de medicamentos implica, por lo menos, otorgarlos sin discriminación para todas las personas en general y, en particular, a los grupos vulnerables.

El suministro de medicamentos debe darse sin Discriminación

El derecho a la salud no conlleva que cualquier medicamento que se solicite deba ser suministrado, sino que una vez que se decide que un medicamento es parte del cuadro básico, el Estado no puede negar de manera regresiva estos medicamentos a quien los requiera ni otorgarlos de forma discriminatoria. En conclusión el estado tiene la obligación de otorgar los medicamentos a toda persona que los necesite  y debe otorgarlos sin discriminación.

por CARLOS RUBEN SILVA URIAS

(Licenciado en Derecho y en Contaduría Pública)

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